Desde Andalucía Acoge mostramos nuestra preocupación por el recorte de derechos fundamentales a las personas en situación administrativa irregular.
(Pincha aquí para ver el documento de posicionamiento de Andalucía Acoge)
Ante la orientación del debate parlamentario sobre la reforma de la Ley de Extranjería, en la que el gobierno está encontrando apoyos en grupos conservadores, Andalucía Acoge expresa su desacuerdo con el corte restrictivo de la misma. Mostramos nuestra preocupación pues la mayor parte de los aspectos negativos de la reforma se centran en las personas extranjeras en situación administrativa irregular, cuestionándose incluso su acceso a derechos fundamentales reconocidos por el Tribunal Constitucional, como la educación o la justicia.
Es precisamente en estos derechos prestacionales, educación y justicia gratuita, donde la propuesta de ley es más restrictiva, no universalizando estos derechos fundamentales.
En el acceso a la educación se remite a la legislación general de educación lo que genera un vacío legal y traslada la responsabilidad a una norma que ha de tener otra finalidad como es la organización de la educación en España y no decidir sobre derechos fundamentales.
Con respecto a la justicia gratuita, se exige una doble petición por parte de la persona inmigrante lo que supone una traba burocrática que en la práctica bloqueará el acceso a este derecho fundamental.
Por tanto, “es falso que esta ley cumpla en su integridad con las sentencias del Tribunal Constitucional universalizando los derechos fundamentales para todos los extranjeros con independencia de su situación administrativa”, según el nuevo Secretario de Andalucía Acoge, Mikel Araguás.
A su vez, desde Andalucía Acoge, apuntamos que la mayor parte de las personas inmigrantes que llegan a España sin ser reagrupadas lo hacen de forma irregular puesto que los cauces legales para acceder al país son prácticamente inexistentes. Se estima que al menos 800.000 personas viven actualmente en España en situación administrativa irregular, de los que más de 80.000 se encontrarían en la comunidad autónoma andaluza, todos ellos se verían afectados por el recorte de derechos que plantea la reforma.
Consideramos que cualquier cambio en la legislación debería estar vinculado a una mejora para la sociedad. La legislación que genere un gobierno que se autodenomina progresista debería estar orientada a más medidas sociales y a mejorar el sistema de protección social.
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Ante la orientación del debate parlamentario sobre la reforma de la Ley de Extranjería, en la que el gobierno está encontrando apoyos en grupos conservadores, Andalucía Acoge expresa su desacuerdo con el corte restrictivo de la misma. Mostramos nuestra preocupación pues la mayor parte de los aspectos negativos de la reforma se centran en las personas extranjeras en situación administrativa irregular, cuestionándose incluso su acceso a derechos fundamentales reconocidos por el Tribunal Constitucional, como la educación o la justicia.
Es precisamente en estos derechos prestacionales, educación y justicia gratuita, donde la propuesta de ley es más restrictiva, no universalizando estos derechos fundamentales.
En el acceso a la educación se remite a la legislación general de educación lo que genera un vacío legal y traslada la responsabilidad a una norma que ha de tener otra finalidad como es la organización de la educación en España y no decidir sobre derechos fundamentales.
Con respecto a la justicia gratuita, se exige una doble petición por parte de la persona inmigrante lo que supone una traba burocrática que en la práctica bloqueará el acceso a este derecho fundamental.
Por tanto, “es falso que esta ley cumpla en su integridad con las sentencias del Tribunal Constitucional universalizando los derechos fundamentales para todos los extranjeros con independencia de su situación administrativa”, según el nuevo Secretario de Andalucía Acoge, Mikel Araguás.
A su vez, desde Andalucía Acoge, apuntamos que la mayor parte de las personas inmigrantes que llegan a España sin ser reagrupadas lo hacen de forma irregular puesto que los cauces legales para acceder al país son prácticamente inexistentes. Se estima que al menos 800.000 personas viven actualmente en España en situación administrativa irregular, de los que más de 80.000 se encontrarían en la comunidad autónoma andaluza, todos ellos se verían afectados por el recorte de derechos que plantea la reforma.
Consideramos que cualquier cambio en la legislación debería estar vinculado a una mejora para la sociedad. La legislación que genere un gobierno que se autodenomina progresista debería estar orientada a más medidas sociales y a mejorar el sistema de protección social.
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