Andalucía Acoge, APDHA, Federación SOS Racismo y Red Acoge critican el utilitarismo con el que este Gobierno trata a las personas

21 de Noviembre de 2012 

Frente a una política inicial que primaba el conocimiento de la lengua y la integración de las personas inmigrantes en nuestra sociedad como vía para la regularización de éstas;  en los últimos meses hemos asistido a la creciente dificultad para mantener la situación administrativa de las personas inmigrantes con menos recursos; ahora, en una nueva vuelta de tuerca se pretende facilitar la residencia legal a personas cuya única relación con nuestro país sea su capacidad adquisitiva para comprar una vivienda de más de 160.000€.

El simple hecho de que se esté estudiando unilateralmente la posibilidad de conceder permisos de residencia a personas que compren viviendas por un precio mínimo, es una situación absolutamente discriminatoria.

Las organizaciones firmantes lamentan profundamente los cambios unilaterales en la política migratoria que se han llevado a cabo en los últimos meses, basados en una concepción utilitarista de las personas y que han ido dirigidos a identificar a las personas inmigrantes con los causantes de la crisis, y exige una vez más a las autoridades competentes a retomar el diálogo social y el respeto por los Derechos Humanos y con los Tratados Internacionales  suscritos por España, como bases para la implantación de políticas públicas.

Entendemos que  la integración social de las personas inmigrantes se debe promover a través de la integración y la construcción conjunta de un modelo de sociedad intercultural  y no sólo desde un punto de vista económico. Ligar el concepto de ciudadanía a la capacidad económica y a la propiedad es algo totalmente inaceptable, discriminatorio que genera brechas sociales y que puede tener consecuencias negativas para la correcta convivencia intercultural en nuestras ciudades, en la medida que categoriza a las personas en función de su estatus económico, exigiendo a unas personas trabajar, cotizar en nuestro país para mantener su situación administrativa y a otras únicamente se les exige la compra de un bien inmueble.

En este sentido, cabe recordar que en la situación de crisis actual, muchas personas inmigrantes  que llevan viviendo en nuestros barrios, pueblos y ciudades desde hace muchos años están siendo desahuciadas, que muchas están perdiendo su estatus jurídico por incumplir los criterios previstos en la legislación de extranjería, por lo que resulta una absoluta paradoja que se apueste como medida para solucionar los problemas de nuestro país la sustitución de estas personas, por otras que se hagan cargo de esas viviendas.

Con esta medida, y con otras adoptadas en los últimos meses, como la reforma sanitaria,  queda suficientemente claro que al Gobierno central no le interesa la convivencia intercultural, el arraigo social o el sentimiento de pertenencia a nuestro país, sino que la única cuestión que le interesa es la monetaria y la visión utilitarista de las personas.