El juzgado nº 1 de Motril dictaminaba hace unos días la sentencia contra Mustapha N, inmigrante senegalés, imponiéndole una pena de 10 años de expulsión del territorio de la UE por vender Cds y vídeos piratas: su modo de ganarse la vida en nuestro país.
Ciertamente el Código Penal y la Ley de Extranjería recogen esta sanción para inmigrantes condenados a penas inferiores a seis años de cárcel. Lo discutible es si tal sanción es ecuánime. En cualquier caso, pensamos que la pena es injusta, discriminatoria y desproporcionada.
Es preocupante el giro conservador que están adoptando las políticas migratorias de los gobiernos europeos con el aumento de medidas de presión y acoso policial sobre los inmigrantes en situación irregular. Cada vez se exigen requisitos más difíciles de cumplir para establecerse en España, y son recortados impunemente los derechos de los inmigrantes.
El gobierno español, como los del resto de la UE, ofrece una visión de la inmigración puramente utilitarista y subordinada totalmente a las necesidades del mercado de trabajo. De ahí el empeño en el control de fronteras (vallas, SIVE, CETI, etc.) y la promoción de la contratación en origen. Loa inmigrantes no son considerados más que como instrumentos u objetos a utilizar para nuestro enriquecimiento y bienestar. Se olvida su condición de personas, sujetos de derechos como cualquier ser humano.
Esta discriminación institucional contribuye a desarrollar el racismo social, ya que los factores legales de exclusión generan una imagen del "otro" como inferior y desigual, al ser tratado como tal jurídicamente. Teniendo en cuenta que "todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos" (art. 1 DUDH), pedimos al gobierno y a la sociedad en general que se reconozca a todos los inmigrantes el TENER DERECHO A TENER DERECHOS, en igualdad con el resto de los ciudadanos.
Motril Acoge
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