El Defensor del Pueblo Andaluz reconoce la ciudadanía a las personas extranjeras

En respuesta a una queja interpuesta por Andalucía Acoge contra una Orden de la Junta de Andalucía que excluía a los ciudadanos extranjeros del acceso a unas ayudas para el acceso a la Sociedad de la Información y el Conocimiento, el Defensor del Pueblo Andaluz, coincidiendo con la argumentación de esta entidad, hace una interpretación amplia del derecho a la ciudadanía de la población extranjera remitiéndose a lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

La Federación Andalucía Acoge elevó una queja al Defensor del Pueblo Andaluz ante su disconformidad por la Orden de 9 de Diciembre de 2009 por la que se establecen las bases reguladoras para el acceso a servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) entre el colectivo de personas con discapacidad y personas mayores, considerando que excluía a ciudadanos extranjeros vulnerando los derechos que tienen reconocidos por el propio Estatuto de Autonomía de Andalucía, la legislación de la Unión Europea y por la Ley de Extranjería.

En respuesta a la queja de la entidad, José Chamizo argumenta que de acuerdo al art. 12 de este Estatuto, “son destinatarios de las políticas públicas tanto los españoles como los extranjeros que posean la vecindad administrativa en Andalucía. De esta manera los extranjeros con vecindad administrativa en cualquiera de los municipios andaluces poseen idénticos derechos estatutarios que los españoles”. Y recuerda, en escrito dirigido a la Consejería correspondiente, la necesidad de observación legal del Estatuto de Autonomía de Andalucía, terminando con la Recomendación de que en lo sucesivo se incluya a la población inmigrante en los mismos términos en que se contemple a la población andaluza.

El reconocimiento de la población extranjera como titular de derechos y deberes sociales en la mismas condiciones que la española y en función de la vecindad administrativa supone un gran avance “al vincular a la vecindad y no a la nacionalidad el acceso a esos derechos en Andalucía”, según José Luis Rodríguez Candela, coordinador del Equipo Jurídico de Andalucía Acoge.

Para esta organización, es fundamental dar pasos hacia una normativa plenamente integradora que suponga el reconocimiento real del derecho a la ciudadanía de la población extranjera, independientemente de su lugar de procedencia. La entidad recuerda la contribución de las personas inmigrantes al crecimiento económico en los últimos años y la necesidad de asegurar sus derechos al margen de la coyuntura económica.

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